El Estado de México al igual que otras 27 entidades del país no tiene una regulación frente a la Gestación Subrogada, que es considerada como otro tipo de violencia en contra de las mujeres.
Núria González López, abogada especializada en Derechos Humanos (DDHH) y autora del libro “Vientres de Alquiler: La Mala Gente”, explicó que en México hay dos entidades en donde los “vientres de alquiler” son una práctica legal, éstas son Tabasco y Sinaloa, en donde técnicamente sólo es legal para personas mexicanas; sin embargo, ya se ha detectado que a través de ciertos mecanismos de empresas enfocadas en este tipo de prácticas también se ha beneficiado a personas extranjeras.
En contraste 3 entidades del país Querétaro, Coahuila y San Luis Potosí desconocen explícitamente cualquier acuerdo de gestación subrogada, mientras que en la Ciudad de México se aprobó normativa que nunca se aplicó.
En el caso del Estado de México, añadió, no se cuenta con una legislación en la materia, lo que habla de un reto importante, pues no se ha fijado una postura por parte de las y los legisladores, dejando abierta una puerta para esta práctica y por ende a posibles abusos y violencia en contra de las mujeres.
“En el Estado de México no tenemos referencia de que se esté haciendo, porque es ilegal; pero claro, es ilegal para el estado; pero seguramente puede que se estén dando casos, por ejemplo, en la Ciudad de México sabemos que hay mujeres que se están explotando reproductivamente, con contratos en Tabasco o Sinaloa.
Al haber una puerta abierta legalmente a este tipo de prácticas, las empresas que se dedican a esto buscan la manera de seguir explotando a las mexicanas”.
Detalló que hay 2 propuestas en el Senado a favor de la regularización y una en contra para tipificar la renta de vientres como una forma más de trata.
“México corre el serio peligro de convertirse en el útero del mundo, el útero de los norteamericanos, de los europeos, de los españoles. Estamos en un momento crítico en el que México debe abanderar los derechos humanos de las ciudadanas mexicanas y de las niñas y los niños”.
En el caso de que esta práctica sea calificada como trata de personas, puntualizó, se debe tomar en cuenta que las mujeres que son utilizadas para estos fines por lo cual deben ser consideradas como víctimas.
“No se puede aceptar en ningún caso, ningún supuesto de renta de vientres porque supone una explotación directa de las mujeres y una compra-venta de seres humanos e incluso aunque no hubiera dinero de por medio, tampoco se podría aceptar, porque los seres humanos no son propiedad de nadie”.
Indicó que a nivel nacional se estima que en los centros de atención o albergues que dependen del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) habitan más de 30,000 niños y niñas, lo que también habla de otra cara de esta realidad tan compleja.
“En ningún caso se puede formar una familia empezando por vulnerar los derechos humanos más básicos de las mujeres y de los niños y niñas, cometiendo un acto de trata de personas, por lo tanto lo que tenemos que hacer, como con cualquier otro delito es abolirlo”.
Indicó que generalmente en estas prácticas participan mujeres pobres o que son violentadas, quienes deben cumplir con ciertos requisitos obligatorios, entre ellos, que tengan hijos para demostrar que son fértiles y que las técnicas de reproducción asistida van a funcionar, algunas empresas ponen ciertas condiciones físicas tales como que tengan un buen estado de salud, estén sanas o que no tengan antecedentes penales, entre otros.
“La mayoría de las mujeres son pobres y sufren violencia, entonces legislar a favor de una práctica como la renta de vientres es institucionalizar la violencia contra las mujeres. Ese no es el camino”.
“Como hay mucha crisis económica hay un excedente de mujeres, permíteme decirlo así, que quieren ser madres de alquiler por una situación económica desesperada”, concluyó.
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