Partidos políticos y autoridades locales y federales firmaron el Acuerdo por la Integridad Electoral para que el actual proceso a elegir al nuevo gobernador se lleve a cabo en paz y con estricto apego a la ley.
El acto es atestiguado por el gobernador, Alfredo Del Mazo; el presidente nacional del INE, Lorenzo Cordova; entre otros actores políticos vinculados al proceso para renovar al Ejecutivo mexiquense.
En el documento que signaron señalan que México tiene un sistema de elecciones y justicia electoral nacional sólido, legítimo y reconocido por actores políticos y por la sociedad como garante de elecciones democráticas, libres, justas y competitivas, sin embargo es necesario reconocer que existen amenazas al sistema democrático.
La más palpable, es la violencia, que gradualmente ha ensombrecido los procesos electorales, la violación de los derechos humanos de la ciudadanía, la corrupción en todas sus formas, y la discriminación, el uso indebido de recursos públicos, el financiamiento ilícito a los partidos políticos y candidaturas, las amenazas a las instituciones y prácticas electorales como la compra y coacción del voto, velada o directa.
“Cada uno de estos factores ponen en entredicho la democracia en la medida en que modifican las condiciones de libertad en las que las personas toman la decisión de por quién votar y perciben la equidad en la contienda” añade.
Estas malas prácticas y delitos electorales afectan la legitimidad de las personas electas y de su encargo, así como la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales.
Acordaron respetar las leyes en materia electoral, así como los procesos y procedimientos que en ellas se establecen; apegar sus conductas a los principios democráticos; contribuir a la celebración de procesos electorales auténticos, profesionales, imparciales y transparentes; canalizar y procesar las diferencias a través de los cauces institucionales.
Además de respetar y tutelar el voto como principio bajo el cual la voluntad de la ciudadanía se expresa; propiciar y garantizar reglas y esquemas equitativos para la competencia; abstenerse de realizar cualquier acto que afecte las condiciones de libertad; denunciar actos como son el uso indebido de recursos públicos o programas sociales; mostrar plena disposición al escrutinio público.
Así como promover el pleno ejercicio de los derechos político-electorales; promover la colaboración para detectar y mitigar la violencia; eliminar las malas prácticas que atenten contra la dignidad y autonomía de las personas; garantizar el principio de paridad constitucional y actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia política en razón de género.
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