En comisiones unidas fue aprobada la primera la Sala de Asuntos Indígenas del país, la cual estará inmersa en el Poder Judicial del Estado de México para encargarse de atender y resolver los asuntos donde se involucre a quienes integren los pueblos originarios, garantizando juicios con perspectiva multicultural.
El presidente del PJEM, Ricardo Sodi Cuellar, informó que esto no tendrá impacto económico para el Tribunal, porque estarán al frente cinco magistrados del área civil, penal y familiar que ya forman parte de este poder, por lo cual no harán contrataciones ni requerirán infraestructura específica.
El dictamen fue aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas de la entidad y será sometido a votación del pleno la siguiente semana, para que se pueda turnar al Ejecutivo y se publique el decreto en la Gaceta de Gobierno, con el fin de su entrada en vigor lo antes posible.
El titular del Poder Judicial mexiquense aclaró que la Sala Indígena no tiene nada que ver con la Fiscalía de Justicia, porque ella inicia en primera instancia y esta es una sala de revisión, es decir de segunda instancia, la cual va a permitir crear protocolos, principios e inclusive fijar precedentes, en torno a asuntos vinculados con los pueblos originarios.
“Buscaremos que todos los abogados involucrados con la Sala de Asuntos Indígenas sean abogados preparados. En eso estoy trabajando, tratando de formar una nueva generación de abogados interculturales, jóvenes, con conocimiento de las tradiciones de los pueblos indígenas. Vamos a tratar de impulsar un programa de formación de abogados interculturales, de fomentarlo en universidades. En la Escuela Judicial ya lo iniciamos” destacó.
Los asuntos se van a plantear en primera instancia como cualquier otro caso y será la Sala la que atraiga los casos cuando haya necesidad de fijar un criterio de interculturalidad.
Va a tener como propósito generar una cultura de juzgamiento con perspectiva pluricultural, respeto de los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas y fijar parámetros de actuación que hoy no se tienen visualizados en la administración de justicia.
El presidente de la comisión de Procuración y Administración de Justicia, Gerardo Ulloa Pérez, resaltó que con esto se garantiza, a través de un Tribunal Especializado, el reconocimiento de su calidad de mexiquenses, sin imponerles la obligación de adaptarse al resto de la población, olvidar sus tradiciones y forma de vida.
Reivindica la libre autonomía, el derecho a participar, opinar y decidir en los asuntos públicos; avanza a una mejor convivencia, donde el reconocimiento de libertades sin distinción nos fortalece como sociedad. Reconoció el acierto del Poder Judicial al proponer esta iniciativa.
Ingrid Schemelensky, del PAN, consideró vital contar con magistrados con conocimientos de las culturas indígenas; Max Correa, de Morena acotó que se abre brecha en el reconocimiento de sus derechos; Isabel Sánchez, del PRI enfatizó que garantiza el respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas.
María Luisa Mondragón, el PVEM, consideró este tema de trascendencia nacional; Omar Ortega, del PRD, pidió se garantice la protección de los derechos humanos y Trinidad Franco, del PT también dio su voto a favor del dictamen porque se respeta el valor más importante de la ciudadanía: su identidad.
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