Elevan penas por difusión de imágenes de cadáveres tras casos Escamilla y Ocaña en Edomex

El Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Penal de la entidad para castigar hasta con 12 años de prisión a quien difunda imágenes de cadáveres de personas.

“Se establecen sanciones de hasta 12 años de prisión en contra de quien participe en la difusión de imágenes de cadáveres de personas, reforma conocida como Ley Ingrid“, informó la Legislatura mexiquense en su cuenta oficial de X.

La semana pasada, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la comisión legislativa corrigió la reforma que hizo en 2021 al Código Penal del Estado de México, para castigar la difusión de fotos o vídeos de cadáveres, con el fin hacerla más clara y evitar riesgos de interpretación.

Gerardo Ulloa Pérez, presidente de la comisión, informó que se hicieron los ajustes necesarios, tomando en cuenta el resolutivo de la Corte a la llamada Ley Ingrid.

“La dignidad, el honor y la intimidad de la víctima, así como la seguridad, paz y privacidad de los familiares, se ha visto menoscaba los últimos años porque se revictimiza y expone el estado final de quienes pierden la vida. Los ejemplos son diversos de imágenes tomadas por personas de servicios periciales”, dijo la diputada María Luisa Mendoza, quien además pidió un minuto de silencio en memoria de víctimas como como Ingrid Escamilla y Octavio Ocaña.

María Luisa Mondragón, legisladora del verde ecologista, solicitó un minuto de silencio a los diputados locales en memoria del fallecido actor de la serie “Vecinos”, Octavio Ocaña Benítez.

El artista habría perdido la vida en un tramo carretero del municipio de Cuautitlán Izcalli, sin embargo, las investigaciones por parte de las autoridades mexiquense continúan, toda vez que queda pendiente la captura de un elemento policiaco por su presunta participación en el hecho.

Durante las diligencia de este hecho fueron difundidas imágenes del cuerpo de Ocaña Benítez por algunos servidores públicos, los cuales posteriormente fueron detenidos. Esta acción dio pie a la integración de la “Ley Ocaña”.

Los diputados locales también cumplieron con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes observaron que en la “Ley Ingrid” a nivel local había algunas ambigüedades, por lo que exhortaron a los legisladores a realizar los ajustes.

Ambas leyes buscan sancionar la exposición mediática de todo tipo de materiales en los que se muestre o denigre a las víctimas de homicidio o feminicidio.

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