A partir de abril, las autoridades fiscales en México reforzarán la supervisión de operaciones realizadas con tarjetas bancarias, como parte de nuevas disposiciones contempladas en el Paquete Económico 2026. La medida busca fortalecer el control tributario mediante el uso de herramientas digitales avanzadas.
Con la reforma al Código Fiscal de la Federación, se otorgarán mayores facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT), permitiéndole acceder a información proveniente de plataformas digitales.
Esto implicará que las transacciones realizadas por los contribuyentes estarán sujetas a un análisis más detallado, aunque no representa un riesgo para quienes cumplen adecuadamente con sus obligaciones fiscales.
Entre los cambios más relevantes destaca la incorporación del artículo 30-B, el cual establece nuevas responsabilidades para empresas tecnológicas. Plataformas de entretenimiento, comercio electrónico y transporte deberán facilitar acceso continuo a sus sistemas, lo que permitirá a la autoridad revisar operaciones prácticamente en tiempo real.
Asimismo, se podrá relacionar directamente el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con los métodos de pago utilizados por cada persona. De esta forma, los movimientos realizados con tarjetas de crédito, débito u otros medios electrónicos quedarán vinculados al perfil fiscal del usuario, con el objetivo de detectar posibles inconsistencias.
La supervisión abarcará diversos aspectos, como el historial de compras, comprobantes fiscales digitales, suscripciones activas, formas de pago e información de facturación. Además, se mantendrá el monitoreo de movimientos financieros relevantes, incluyendo depósitos en efectivo superiores a ciertos montos y operaciones realizadas mediante plataformas financieras digitales.
En caso de incumplimiento por parte de las empresas, se contemplan sanciones que podrían incluir restricciones temporales a sus servicios dentro del país, lo que refleja un endurecimiento en la regulación del sector tecnológico.
Uno de los elementos centrales de esta estrategia es la identificación de discrepancias fiscales, es decir, diferencias entre los ingresos reportados y el nivel de gasto de los contribuyentes. Cuando se detecten irregularidades, se podrán iniciar revisiones para verificar el origen de los recursos.
Ante este escenario, se recomienda a la población mantener un control ordenado de sus finanzas, declarar todos sus ingresos, conservar comprobantes de operaciones relevantes y evitar el uso indebido de cuentas o tarjetas personales. También resulta importante revisar periódicamente los estados de cuenta y solicitar facturas cuando sea necesario.
La iniciativa aún deberá pasar por su última etapa de aprobación legislativa. De confirmarse sin cambios, las nuevas disposiciones entrarían en vigor el 1 de abril de 2026, dando paso a una etapa de mayor digitalización y control en el sistema tributario del país.
Este ajuste normativo representa un cambio significativo en la relación entre contribuyentes y autoridades fiscales, enfocado en promover la transparencia y reducir prácticas informales dentro de la economía.
