El Poder Judicial de la Federación (PJF) ha anunciado un paro nacional indefinido de sus funciones jurisdiccionales, a partir de las 00:01 horas del miércoles 21 de agosto de 2024. Esta decisión se tomó después de que la propuesta de suspensión fuera aprobada en una votación entre los miembros de este poder, donde una mayoría significativa votó a favor de la medida. En total, 1,202 jueces y magistrados respaldaron el paro, frente a 201 que se opusieron.
El contexto del paro
La suspensión de actividades afectará a todos los Juzgados y Tribunales Federales del país, manteniéndose en operación solo para atender casos urgentes. Esta decisión fue comunicada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), que argumenta que el paro se mantendrá hasta que se satisfagan las demandas de los trabajadores y juzgadores.
La votación se llevó a cabo electrónicamente, mediante un enlace enviado a los correos institucionales de los titulares, asegurando así un proceso de votación personal, libre y secreto a través de la plataforma «Microsoft Forms». Los jueces y magistrados buscan con estas acciones preservar la autonomía del Poder Judicial, que consideran amenazada por las reformas propuestas.
En los días previos a este anuncio, se registraron protestas y paros de labores en más de 20 entidades del país, como respuesta a la presentación de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La situación alcanzó su punto álgido el lunes 19 de agosto, cuando trabajadores del PJF en el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, Ciudad de México, iniciaron un paro indefinido. Este grupo de alrededor de cincuenta trabajadores desplegó pancartas con mensajes como «Juzgar no es un asunto de popularidad, basta de mentiras», además de cerrar con cadenas y candados la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La respuesta a la reforma judicial
La reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador ha generado un intenso debate en México. La ministra Patricia Aguilar, portavoz de JUFED, ha expresado que esta reforma «borra de un plumazo» los esfuerzos de los trabajadores del Poder Judicial, y argumenta que su implementación podría erosionar la independencia judicial, un pilar esencial en la división de poderes y la protección de los derechos de los ciudadanos.
El dictamen de reforma, que será discutido y votado próximamente en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, incluye modificaciones profundas en el proceso de nombramiento y selección de ministros, magistrados y jueces en todo el país. Esta iniciativa es el resultado de diálogos nacionales y más de 100 ajustes realizados desde su propuesta original por el presidente el pasado 5 de febrero.
Principales modificaciones de la reforma
Entre los cambios más relevantes que introduce el dictamen, se encuentra la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, con una rotación bienal de su presidencia mediante votación. Además, se elimina el derecho a haber por retiro para los ministros, y se establece que los jueces y magistrados deberán resolver los asuntos tributarios en un plazo máximo de seis meses, debiendo justificar cualquier retraso ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
La reforma también propone limitar el papel del Senado en el proceso judicial, restringiéndolo a la toma de protesta y gestión de licencias o renuncias de los servidores públicos del PJF. La administración del Poder Judicial será responsabilidad de un órgano especializado, mientras que la disciplina quedará a cargo del Tribunal de Disciplina, compuesto por cinco miembros electos por la ciudadanía.
Otro aspecto significativo es la reducción del periodo de servicio de los ministros de la SCJN de 15 a 12 años, así como el establecimiento de un proceso de elección ciudadana, coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE), para ministros, magistrados y jueces. Esta elección se realizará mediante una votación popular en la que los candidatos deberán cumplir con requisitos académicos y profesionales específicos. Se prohibirá el financiamiento público o privado de campañas, así como la promoción en medios de comunicación, asegurando que las elecciones se mantengan imparciales.
Perspectiva
El paro indefinido del Poder Judicial de la Federación representa un hito en la historia reciente de México, marcando un punto de inflexión en la relación entre el poder ejecutivo y el judicial. La reforma impulsada por el presidente López Obrador ha generado controversia, enfrentando a defensores de la autonomía judicial con aquellos que consideran necesario un cambio estructural. El desenlace de este conflicto tendrá implicaciones profundas para el futuro del sistema judicial mexicano.
