El personal del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha decidido mantener su postura de no reincorporarse a sus funciones el próximo 23 de septiembre, en contradicción con las disposiciones establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Esta decisión es parte de una protesta más amplia que busca frenar la implementación de la Reforma Judicial, una medida que ha generado inquietud y resistencia dentro del gremio judicial.
La exclusión de los trabajadores en la mesa de negociaciones
Patricia Aguayo, vocera del movimiento de los empleados del PJF, declaró que la negativa a regresar a sus labores responde a que aún existen recursos legales pendientes en contra de la Reforma Judicial. En una manifestación llevada a cabo frente a la sede del CJF este jueves, Aguayo expresó su descontento por la manera en que los trabajadores han sido excluidos de las negociaciones sobre el futuro del Poder Judicial.
Según la vocera, aunque dos representantes sindicales fueron incluidos en la mesa de diálogo con las autoridades, estos no reflejan fielmente los intereses de la mayoría de los empleados judiciales. «Los representantes sindicales en la mesa no defienden los derechos y preocupaciones de los trabajadores, por eso hemos decidido movilizarnos y tomar cartas en el asunto nosotros mismos», afirmó Aguayo, subrayando el sentimiento de desprotección que permea entre sus compañeros.
El Consejo de la Judicatura Federal y la Circular 18/2024
El Consejo de la Judicatura Federal emitió la Circular 18/2024, convocando a una reunión con asociaciones de jueces, magistrados y representantes sindicales para abordar la situación. Sin embargo, la presidenta del CJF y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Norma Lucía Piña Hernández, se pronunció en contra de la suspensión del paro de labores durante dicha sesión. Esto ha provocado una división interna entre las autoridades judiciales y los empleados, quienes sienten que sus derechos laborales están en juego.
La resistencia a la reforma no solo ha sido una cuestión de falta de representación en las negociaciones, sino también de una preocupación más profunda respecto a las posibles consecuencias que dicha reforma pueda tener sobre las condiciones laborales y la administración de justicia en general. El personal del PJF sostiene que las modificaciones propuestas afectan no solo a sus derechos laborales, sino también a la independencia y eficacia del Poder Judicial.
Impacto en los esfuerzos de defensa y la sociedad
Aguayo advirtió que la decisión del CJF de retomar actividades el 23 de septiembre podría debilitar los esfuerzos que han venido realizando para defenderse de la Reforma Judicial. Además, señaló que las consecuencias no solo impactan a los trabajadores del PJF, sino también al público en general, ya que la reforma podría alterar la capacidad del Poder Judicial para brindar justicia de manera imparcial y eficiente.
«Esta lucha no es solo por nosotros, sino por toda la sociedad. Si la reforma avanza, habrá un impacto significativo en la forma en que se administra la justicia en el país», afirmó la vocera, reiterando el compromiso del movimiento de continuar resistiendo hasta que se agoten todos los recursos legales disponibles.
La decisión de los trabajadores de mantener el paro más allá de la fecha indicada por el CJF subraya la gravedad del conflicto, que continúa escalando sin señales claras de resolución en el corto plazo. Por ahora, el Poder Judicial enfrenta una parálisis parcial, mientras los empleados se movilizan para defender tanto sus derechos como la integridad de la institución en la que laboran.
