La propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial Federal presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado un intenso debate en México. La Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) ha levantado la bandera de la preocupación, advirtiendo que estas reformas podrían representar una amenaza directa a la independencia judicial y socavar los principios democráticos.
En colaboración con el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, la BMA ha realizado un exhaustivo análisis de las propuestas presentadas. Entre las medidas más controvertidas se encuentra la elección de jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por votación popular, así como la reducción de sus mandatos.
Una de las principales preocupaciones es la posible vulnerabilidad de la independencia económica de los jueces, dado que se plantea vincular sus salarios a los del Poder Ejecutivo. Esto ha generado inquietudes sobre la influencia del poder político en el sistema judicial. Además, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, con miembros elegidos por votación popular, podría amenazar la imparcialidad en los procesos disciplinarios.
Las voces críticas argumentan que estas propuestas no sólo violan estándares internacionales, sino que también podrían debilitar gravemente la institucionalidad del sistema judicial mexicano. En lugar de fortalecer el Estado de derecho, estas reformas podrían socavar los cimientos democráticos del país.
En medio de este debate, la sociedad mexicana enfrenta una encrucijada crucial: ¿avanzar hacia una mayor democratización del sistema judicial o proteger la independencia y la imparcialidad que son pilares fundamentales del Estado de derecho? La respuesta a esta pregunta definirá el rumbo del país en los años venideros.
