Los diputados del Congreso del Estado de México aprobaron penas que van desde los seis años de prisión a extorsionadores que fijen precios a comerciantes, esto tras tipificar la falta como delitos contra la economía. La propuesta fue impulsada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y estudiada por los diputados locales, luego de que detectaran que había estas conductas por parte de grupos del crimen organizado.
En el pleno fue aprobada la reforma al Código Penal del Estado de México en sus artículos 199 Bis y 199 Ter.
“A quien por medio de violencia obligue a una persona o unidad económica a comprar, obtener o adquirir a otra persona o comercio, la compra de determinados bienes de consumo; a vender, distribuir bienes a empresa determinadas; a imponer o fijar en una localidad o región un precio distinto al del mercado de 6 a 10 años de prisión y de mil a mil 500 Unidades de Medida de Actualización”, se explica en el documento.
La motivación de esta modificación fue por el incremento de células del crimen organizado que fijaban precio a comerciantes como parte del conocido “derecho de piso”. En este sentido, la legislación contempla como agravante que se ostenten como miembros del crimen organizado, con penas que van de los 7 a los 15 años de prisión y de mil 300 a 2 mil UMAs.
En caso de que se trate de un servidor público, la pena irá de los 8 a 20 años y tendrá un incremento en atención al número de personas que participen.
Esta propuesta fue impulsada por el titular de la fiscalía, José Luis Cervantes Martínez y miembros del órgano autónomo. En septiembre, un grupo de especialistas tuvo una reunión con varios legisladores a fin de explicar la problemática.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el país fueron documentadas 10 mil 340 carpetas de investigación por el delito de extorsión y 4 mil 153 pertenecen al Estado de México.
Con este contexto es que la fiscalía había detectado que en diversas zonas del estado, especialmente en la región norte y sur, detectaron que los comerciantes de carne, pollo y huevos.
El incremento en los precios fue resentida por algunos consumidores, informó el diputado local, Gerardo Ulloa Pérez. “Se propuso la manera para que los operadores de la norma puedan contar con elementos para enfrentar y detener una conducta delictiva que se está presentando y propaganda en algunas regiones de nuestro estado y que violenta la integridad de quienes ejercen el comercio para ganarse la vida, así como de los consumidores finales que recienten el alza de precios en los productos básicos”.
El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos y se espera que sea promulgado por el Ejecutivo Estatal en la gaceta de gobierno mexiquense.
