Petróleos Mexicanos (PEMEX) se encuentra bajo la mira judicial por la suspensión abrupta del pago de la pensión por viudez a María Amparo Casar. La batalla, que ha alcanzado los titulares y las salas de los tribunales, pone en tela de juicio los procedimientos de la emblemática empresa estatal y despierta interrogantes sobre la justicia y transparencia en el país.
La orden proviene del Juzgado Sexto de Distrito en Materia del Trabajo, quien concedió una medida cautelar para el restablecimiento inmediato del pago de la pensión por viudez a Casar, presidenta de la organización «Mexicanos contra la corrupción y la impunidad». La decisión, emitida el pasado 9 de mayo, marca un hito en la lucha de Casar por la defensa de sus derechos adquiridos.
La suspensión de plano, otorgada por el juez Ricardo Guzmán Wolffer, es el resultado de un juicio de amparo iniciado por Casar tras la suspensión unilateral de su pensión por parte de PEMEX en febrero de este año. La petición de amparo se fundamenta en la falta de notificación oficial sobre la cancelación del pago, lo que levanta serias dudas sobre los procedimientos internos de la petrolera estatal.
La orden judicial es clara y contundente: PEMEX debe reintegrar los pagos vencidos y garantizar los futuros en un plazo máximo de veinticuatro horas. Esta determinación resalta la urgencia de respetar los derechos adquiridos por Casar, quien ha enfrentado acusaciones por parte de la administración de PEMEX, señalándola de presunto fraude al alterar documentos relacionados con la muerte de su esposo hace dos décadas.
El enfrentamiento legal no sólo cuestiona la integridad de los procedimientos administrativos de PEMEX, sino que también pone en entredicho la presunción de inocencia y la protección de los derechos de los ciudadanos. La resolución del caso tendrá un impacto significativo en la percepción pública sobre la transparencia y la rendición de cuentas en una de las instituciones más emblemáticas de México.
