Perú.- Pedro Castillo, expresidente de Perú, deberá permanecer bajo prisión preventiva por 18 meses por la investigación por rebelión que existe en su contra.
El juez supremo Juan Carlos Checkley también ordenó comparecencia con restricciones y reglas de conducta para el expremier Aníbal Torres, investigado en el mismo caso.
La Fiscalía de Perú solicitó que Castillo permanezca en prisión hasta 18 meses, lo cual determinó el juez como fundamentado.
La sesión se realizó de forma virtual, sin la presencia del exgobernante, que según el tribunal, se negó a ser notificado. Actuó un defensor de oficio porque los abogados de Castillo también declinaron participar.
La Fiscalía afirmó ante el juez que el exmandatario es «coautor» de un golpe de Estado junto con quienes fueron sus primeros ministros, Betsy Chávez y Aníbal Torres.
Castillo podría recibir una pena de hasta 10 años de cárcel en caso de ser hallado culpable de los delitos que se le imputan.
Suman 12 muertos en Perú por protestas
Las protestas tras la detención de Castillo han llevado al país a un estado de emergencia declarado por la presidenta Dina Boluarte y a la muerte de 12 personas.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, dos personas fallecieron tras un enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas del orden en el aeropuerto de Ayacucho (sur), subiendo a una decena las muertes desde que estallaron las protestas.
Hasta ahora, suman 340 heridos, casi la mitad de ellos, policías.
Perú mantiene cerrados cinco aeropuertos en la zona sur, donde las manifestaciones se tornan más violentas (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho).
Ante la situación, el tren de Machu Picchu está suspendido lo que dejó centenares de turistas varados.
En Lima, decenas de manifestantes acampan alrededor de una prisión policial donde se encuentra detenido Castillo, un maestro rural de izquierda, de origen humilde, que intentó dar un golpe el 7 de diciembre y cerrar el Congreso pero fue sorprendido con la destitución.
El expresidente fue detenido en «flagrancia» cuando intentó llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Luego fue acusado de rebelión y conspiración.
Desde la cárcel, Castillo ha asegurado que no renunciará. Contra él también existe una denuncia constitucional de la fiscalía por corrupción.
