Familiares de los bebés que murieron por la bacteria Klebsiella Oxytoca en el Estado de México, piden indemnización. La representante legal de los afectados, Sara Monroy, informó que la Fiscalía General de Justicia mexiquense se ha opuesto a la reparación a la reparación del daño, por supuestos actos de investigación.
Este caso data de noviembre de 2024, cuando se documentó el fallecimiento de 13 bebés en diversos hospitales del territorio mexiquense. Todos ellos habrían recibido un suplemento alimenticio fabricado por una farmacéutica con operaciones en el Estado y murieron consecuencia de ello.
La Fiscalía estatal determinó que detectaron la presencia de la bacteria en parte de estos suplementos y en consecuencia, comenzaron con una investigación, la cual derivó en la captura de 5 trabajadores, los cuales enfrentaron un proceso judicial en su contra.
Luis, padre de Santiago, uno de los bebés fallecidos, indicó que ha sido muy difícil el proceso, principalmente por la pérdida de su hijo y después por el martirio que han vivido para buscar justicia.
“No tengo palabras para describirlo; yo creo que es lo peor que se puede vivir, la pérdida de un hijo, de un bebé”, dijo.
Indicó que si bien hay un proceso penal por la negligencia que derivó en la muerte de los infantes, todavía no hay reparación del daño.
“Que se haga justicia, que haga la reparación del daño y que esto no se quede así”.
Por su parte, Gloria Hernández, madre de Guadalupe, otra pequeñita que murió, indicó que los gastos han sido solventados por ella y su familia, y hasta ahora no hay una indemnización.
“Pedimos justicia porque no se vale lo que les hicieron a los bebés y nosotros pedimos justicia. No nos han dicho nada de la reparación del daño y los gatos los hemos hecho nosotros”, indicó.
En tanto, Luis Manuel, abuelo de otro bebé fallecido, explicó que la decisión de la Fiscalía para evitar el acuerdo reparatorio con la empresa, es porque para las investigaciones la empresa no está facultada en realizar el pago, sino que esta responsabilidad debe recaer en los cinco detenidos en caso de ser hallados culpables.
“La Fiscalía se ha negado a dialogar con los abogados de las partes afectadas argumentando que la empresa no está facultada para hacer la reparación del daño”, declaró.
La farmacéutica involucrada ofreció un acuerdo de reparo del orden de 3 millones de pesos para cada uno de las víctimas; sin embargo, únicamente fueron contemplados siete bebés, lo que deja en desprotección a los familiares de otros seis, a pesar de que la empresa está dispuesta a pagar.
Al respecto, la abogada Sara Monroy, explicó la falta de atención por parte de las autoridades.
“Que faltan datos de investigación por realizar para acreditar la reparación del daño; sin embargo, pues este hecho ya tiene un año, la investigación ya tiene un año, y ellos no han realizado ningún acto diverso”, dijo.
“En la última audiencia que llevamos, manifestaron lo mismo, que se estaban oponiendo porque faltaban actos de investigación por realizar; sin embargo, ni siquiera nos dijeron que actos les faltan por realizar, no justificaron de ninguna forma, el por qué se estaban oponiendo”, indicó.
Derivado de ello, fue que realizaron una movilización al exterior de la Fiscalía mexiquense en Toluca a fin de tener una reunión con autoridades y buscar destrabar este esta indemnización.
En el encuentro, se encuentra personal de la fiscalía, representantes legales de los afectados así como integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
La aprobación de un acuerdo reparatorio por tres millones de pesos dentro de la causa penal 2001/2025 concluyó con el sobreseimiento del proceso contra cinco personas acusadas del homicidio de siete recién nacidos.
La resolución, emitida el 7 de septiembre de 2025 por una jueza de control del Distrito Judicial de Toluca, cerró el expediente después de que la defensa entregó cheques de caja a madres y padres de las víctimas.
De acuerdo con un documento que representantes legales de las familias, se establece que el Ministerio Público no quiso el acuerdo y presentó un recurso de apelación.
En ese escrito, el agente ministerial indicó falta de verificación del consentimiento individual de las víctimas indirectas, ausencia de revisión sobre su condición de vulnerabilidad, falta de comprobación del cobro efectivo de los cheques y la intervención de una empresa privada sin calidad procesal, puntos que motivaron la solicitud formal de revocación ante el Tribunal de Alzada.
