Bloqueos, protestas aquí y allá, quema de tuberías, filas enormes y personas desesperadas por conseguir un poco de agua.
Los medios han informado desde hace unos meses del rechazo de habitantes de zonas cercanas a Monterrey a que se canalice el agua de un río para satisfacer la demanda de consumo doméstico.
El caso de la zona metropolitana de Monterrey, no exclusivo de esa porción del país, es apenas una de las aristas de un conflicto largamente larvado que tiene responsables concretos: una política de concesiones sin ton ni son, entregadas por lo general a grandes corporaciones, que son las principales consumidoras, se ha traducido, sequía de por medio, en una crisis en el abasto para la población.
Claro que hay condiciones climáticas que propician la actual crisis, pero en el fondo está la entrega de permisos para grandes consorcios y sectores influyentes.
Los defensores del medio ambiente han resumido bien, en una frase, el origen del problema: “No es sequía, es saqueo”, sostienen, con razón.
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó recientemente un decreto para atender la emergencia, que prevé cambios en las dotaciones del líquido a fin de atender, en primer lugar, las necesidades de los habitantes de Nuevo León, antes de los requerimientos de la industria y la agricultura.
El decreto contiene medidas que apoyan una solución inmediata a la crisis, además de acciones para solucionar en un plazo mayor la escasez.
El decreto se inscribe en el marco de una crisis mundial que tiene como fondo la crisis climática y el debate sobre el manejo de los recursos naturales como negocio, como plantean algunos, o como un derecho humano.
