Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y la de Atención a Grupos Vulnerables aprobaron adiciones al Código Civil del Estado de México, para obligar a los familiares a proporcionar cuidados primarios a las personas adultas mayores, así como garantizar y procurar sus derechos y obligaciones.
A propuesta de la bancada del Partido del Trabajo (PT), se anexó un párrafo al artículo 4.135 donde se establecen los derechos alimentarios, de educación, vestido, atención médica, hospitalaria y psicológica, salud y recreación, así como educación básica, descanso y esparcimiento.
A este apartado se agrega un párrafo donde se señala que, en el caso de personas adultas mayores, los familiares deberán cumplir con lo establecido en el artículo 33 de la ley del Adulto Mayor, así como garantizar y procurar sus derechos y obligaciones.
Esto significa que los familiares tienen la obligación de garantizarles alimentos, además del pago de gastos médicos extraordinarios, de necesidad notoria y urgentes; suministro de los medicamentos que requiera para su salud; gastos por terapia o atención especializada, en gerontología, geriatría y psicogerontología; y sepelio.
Silvia Barberena, autora de la iniciativa, explicó que el objetivo de esta adición es que los adultos mayores no los dejen en abandono y tengan atención hasta los últimos días de su vida, sin que evadan esta responsabilidad y retribuyan el apoyo que recibieron de niños.
Por el momento no se contemplan sanciones, sólo la obligación civil que esperan sea suficiente para poder generar conciencia y atender a este sector de la población, la cual sigue creciendo cada año y actualmente representa 30 por ciento de la entidad.
El dictamen fue aprobado por unanimidad en comisiones y será sometido a votación en el pleno en el siguiente periodo que arranca el próximo 5 de septiembre.
En las comisiones de Salud, Asistencia y Bienestar Social, con la especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, analizaron la iniciativa de ley para detectar y tratar el cáncer en la infancia y adolescencia.
Esto con el fin de establecer los lineamientos para la prevención, diagnóstico, registro, atención integral, tratamiento, rehabilitación, control y seguimiento, además de la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad.
Juana Bonilla Jaime y Martín Zepeda Hernández, autores de la iniciativa, indicaron que la propuesta se integra por siete títulos, donde se incluyen disposiciones generales, las autoridades a las que se impacta, las personas beneficiadas, las formas de coordinación institucional, la creación de los mecanismos de colaboración con los agentes no gubernamentales, los mecanismos de prevención, detección, diagnóstico, tratamientos, programas y vinculación en favor de los pacientes y se crea el Registro Estatal de Cáncer en la infancia y la adolescencia.
Contar con una ley de este tipo, dijeron, colocará al Estado de México como una de las entidades con una visión a futuro, donde se antepone el bien de los menores sobre cualquier otra cosa.
“Esta propuesta se subsanará los errores cometidos por autoridades de otros niveles de gobierno, al eliminar el seguro popular, destruir las cadenas de distribución de medicamentos, sobre todo las que llevaban medicamentos oncológicos a los niñas y niños con cáncer en todo el país” señala el documento bajo análisis.
