El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las campañas electorales inicien el 2 de abril en Coahuila y el 3 de abril en el Estado de México para la renovación de las gubernaturas, e impuso frenos para evitar que los partidos políticos busquen infiltrar a sus militantes en la capacitación electoral.
El calendario aprobado indica que el 1 de enero de 2023, los partidos políticos deberán notificar si participarán solos o solicitarán acuerdos de coaliciones y la jornada electoral se realizará el 4 de junio.
En el caso del Estado de México las precampañas serán del 14 de enero al 21 de febrero y las campañas arrancarán el 3 de abril y concluirán el 31 de mayo. Mientras en Coahuila, las precampañas serán del 10 de febrero al 21 de marzo y las campañas del 2 de abril al 31 de mayo.
Morena exigió que las autoridades electorales eviten que se repitan “las irregularidades en el Estado de México” que se vivieron en 2017, pues acusó que su candidata a la gubernatura, Delfina Gómez vivió una violencia política de género sistematizada.
“Incluso, un ex presidente de nuestro país, ejerció expresiones directas en su red social de Twitter sin que la autoridad interviniera, por lo que pedimos que haya piso parejo en esta ocasión, estaremos vigilantes de que el papel de esta autoridad sea con certeza, imparcialidad y objetividad en estas elecciones que serán el parteaguas para el devenir del país en 2024”, pidió el representante de Morena desde el Poder Legislativo, el diputado César Hernández.
Mientras el suplente del representante de Morena acusó que el INE ya comenzó a dejar de ser imparcial, pues mientras han analizado presuntos actos anticipados de campaña de morenistas “no le han querido entrar” a las quejas de Morena contra partidos de oposición.
Juan Miguel Castro Rendón de Movimiento Ciudadano pidió que se revise el tope de gastos de campaña en Coahuila, pues en el pasado proceso electoral quedó exhibido que “la disparidad tan grande con los del Estado de México y al ser mínimos los de Coahuila, se recurrió a buscar darle la vuelta a la ley, la autoridad electoral debe de tomar cartas en el asunto”.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó que aquellas personas que soliciten ser Capacitadores Electorales para las elecciones en Coahuila e Hidalgo, deberán demostrar que en el último año no estuvieron afiliados a ningún partido político y si acusan afiliación indebida, se iniciará en automático una investigación para que el partido replique y comprobar que es un engaño para infiltrarse al proceso indebidamente.
Morena solicitó que baste con que una persona acuse afiliación indebida y solicite su baja del padrón del partido político en el que aparece, para que pueda continuar el proceso de contratación, lo que fue rechazado por el Consejo General.
El consejero Martín Faz expuso que “en caso de permitir que sea únicamente mediante la tramitación de la solicitud de baja en ese momento, que las personas continúen con el proceso de selección, genera el grave riesgo de abrir la puerta a que se establezcan estrategias para incorporar a personas militantes en las filas de las y los supervisores y capacitadores, poniendo con ello, en riesgo la integridad de nuestras casillas”.
Mientras el consejero Ciro Murayama propuso que se inicie en automático un proceso de investigación por afiliación indebida que podría implicar una sanción al partido político acusado, para que así, se cierre doblemente la puerta a estrategias de engaño.
“Tenemos que ser más cuidadosos y más rigurosos, no debemos de tener en la operación electoral cuadrillas de militantes de los partidos políticos. Que al darse de baja, presente un escrito desconociendo la afiliación al partido si quiere trabajar en el INE como capacitador electoral, es decir, el INE tiene que asegurar que el dicho de la persona es verídico, que no hay un engaño, que se trata de alguien que, en efecto, no ha militado en un partido político”.
Y entonces, se inicia el proceso, le das al partido derecho de audiencia, te dirá si esa persona estuvo afiliada o no. Pero lo que no podemos permitir es que haya engaños de militantes que vengan a pedir trabajo como CAE’s, se les detecta y dice ‘ah, no, en realidad fíjate que me afiliaron sin mi conocimiento, y entonces, se niega una afiliación que fue real, para entonces meterse a la operación electoral y trabajar en el INE”.
Murayama y el consejero Jaime Rivera coincidieron en que lo que el INE no puede permitir, es volver a las prácticas que prevalecieron hasta los años de 1980 en el que eran militantes, cuadros so simpatizantes de quienes gobernaban, quienes instalaban las casillas, recibían a los electores, contaban los votos, con todos los problemas que eso conllevaba de falta de certeza y de limpieza.
“Hay que evitar práctica que implicaban una intromisión directa o indirecta, a veces subrepticia desde el poder político en las elecciones. Una etapa que ya nos parece lejana pero que no deberíamos olvidar, porque no debería volver de ninguna forma la intromisión de órganos y funciones de gobierno en la organización de las elecciones.
Confío en que nadie en esta mesa del Consejo General pretenda introducir por un resquicio reglamentario o por prácticas abiertas o veladas, quieran introducir formas de hacer controlar la organización de las elecciones o sesgar la organización de las elecciones políticamente”, agregó Rivera.
La consejera Dania Ravel pedía otro tipo de medidas, como que se tomaran medidas si detectaban movimientos atípicos de baja de militancia en ciertas entidades, pero su propuesta no fue respaldada.
Y la consejera Claudia Zavala agregó que la propuesta aprobada es la mejor vía, pues permite que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral pueda decir “aguas, porque sí tenemos evidencia inicial preliminar de que estaba filiado, y de que no se cumple con el requisito de un año”, y así, se evite a toda costa, que militantes terminen interviniendo en el proceso electoral.
Serán más de 171 mil personas las que ejercerán como autoridad electoral en las más de 24 mil mesas directivas de casilla del proceso electoral 2023, para lo que se requiere que más de seis mil 500 capacitadores electorales visiten a un millón 900 mil ciudadanas y ciudadanos.
El secretario General Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo exhibió que el OPLE de Coahuila se encuentra en un alto riesgo económico para operar en el proceso electoral del próximo año, pues el gobierno estatal sigue en adeudo de la ampliación presupuestal que requiere para operar.
El Consejo General lamentó que el gobierno estatal de Coahuila, a cargo del PRI siga en retraso con el presupuesto que le corresponde a la autoridad electoral y ni siquiera ha dado respuesta a lo solicitado.
“El OPLE de Coahuila tiene una situación de riesgo alto, con motivo de la interrupción de la entrega de ampliación presupuestal que solicitó, hasta el momento se le han entregado 7.2 millones de pesos de los 36 requeridos, lo que ha repercutido en acciones como la contratación de inmuebles sedes de los comités electorales, servicios de telefonía para el PREP, campañas de difusión y promoción para candidaturas independientes y el voto en le extranjero”.
Detalló que en contraste, en el Estado de México, si bien el OPLE sufrió un recorte cercano al 30 por ciento “por el momento no se advierten dificultades en sus funciones por motivos financieros”.
El secretario Ejecutivo también advirtió que el gobierno de Durango puso al OPLE en un alto riesgo en las últimas semanas, pues no ha cumplido su compromiso financiero para solventar el presupuesto que le correspondía para la producción de materiales electorales para la elección que se realizó en junio pasado.
“Que si no cumplieron los que ya se fueron, que lo hagan los que están llegando, que se puedan cubrir esos pendientes, esas obligaciones. No es nada más una responsabilidad jurídica sino política, que puedan cubrir los gastos de los procesos con los que ganaron”, pidió el consejero José Roberto Ruiz.
