El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado dos nuevas iniciativas a la Cámara de Diputados. La primera busca fortalecer el financiamiento de proyectos gubernamentales bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), mientras que la segunda otorga facultades al titular del Ejecutivo federal y al Ejército para expedir permisos de portación de armas. Ambas propuestas fueron firmadas por el mandatario el 26 de agosto y ya están en manos de las comisiones legislativas para su análisis y votación.
Ampliación del financiamiento militar
La primera iniciativa plantea reformar el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, con el objetivo de que los recursos recaudados a través del pago de la visa de visitante o turismo de extranjeros sean gestionados directamente por la SEDENA. Estos fondos no solo estarán destinados a financiar el Tren Maya, sino también a un abanico más amplio de proyectos de infraestructura gestionados por el Ejército.
La reforma estipula que los ingresos obtenidos del documento migratorio que acredita la estancia de un extranjero sin permiso para realizar actividades remuneradas sean transferidos a un fideicomiso público federal, del cual la SEDENA será la unidad responsable. Esta disposición permitirá utilizar los fondos en la operación, administración, construcción y equipamiento de diversos proyectos, incluyendo aquellos a cargo de las empresas estatales asociadas al Ejército.
Entre los cambios clave, se propone la extinción del fideicomiso creado en octubre de 2023 que se enfocaba exclusivamente en financiar el Tren Maya, para que sus recursos sean redirigidos hacia un nuevo fideicomiso público sin estructura de la SEDENA. Este fideicomiso centralizará el manejo financiero de varios proyectos, lo que según el presidente López Obrador, permitirá «construir un país con bienestar para la satisfacción de las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras».
Regulación y control de armas
La segunda propuesta enviada al Congreso reforma la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de actualizar sanciones y reglamentar situaciones no contempladas en la legislación vigente. Esta iniciativa otorga facultades exclusivas al presidente de la República y a la SEDENA para expedir permisos, licencias y regular la fabricación y comercialización de armas de fuego en el país.
Entre las modificaciones más destacadas, se exige que al registrar un arma, se asigne una persona responsable que asuma la titularidad en caso de fallecimiento o ausencia del dueño original. Además, se regulan calibres específicos como el .357, .22 Magnum, Hornet y TCM, lo que busca mayor control sobre el tipo de armamento permitido.
La iniciativa también garantiza certeza jurídica para la portación de armas permitidas a personas de sectores rurales y agrícolas, como ejidatarios, comuneros, jornaleros del campo, así como pueblos indígenas y afromexicanos. Adicionalmente, se restringe la venta de cartuchos únicamente a aquellas personas que cuenten con armas registradas en el Registro Federal de Armas, y se penaliza la posesión de cartuchos o armas no registradas.
Por otro lado, la iniciativa prohíbe a las empresas de seguridad privada utilizar armas de fuego si su licencia ha sido cancelada, reforzando así el control sobre el uso indebido de armamento en este sector.
Contexto y debate político
Ambas iniciativas llegan en un momento clave del sexenio de López Obrador, en el que el papel del Ejército ha sido ampliado a diversas áreas que van más allá de la defensa nacional, incluyendo la construcción de infraestructura crítica. El Tren Maya, uno de los proyectos insignia de su administración, ha estado bajo la supervisión de la SEDENA, lo que ha generado debates sobre la militarización de tareas civiles.
Críticos de estas propuestas han señalado que la asignación de recursos y control al Ejército en ámbitos como la infraestructura y las armas podría concentrar demasiado poder en esta institución, diluyendo los controles civiles. Por otro lado, los defensores argumentan que la intervención militar en estos proyectos garantiza transparencia, eficacia y seguridad en su ejecución.
Con estas iniciativas, el presidente López Obrador busca consolidar su visión de desarrollo a través de una mayor centralización y control por parte del Estado, en especial en áreas clave para la seguridad y el progreso económico del país. Queda por verse cómo reaccionarán las distintas fuerzas políticas en el Congreso, y si las reformas propuestas se aprobarán tal como están planteadas.
