Desde el corazón de La Haya, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), desentraña los detalles de la batalla legal que ha desencadenado la irrupción policial en la sede diplomática mexicana en Quito el pasado 5 de abril.
La demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no sólo busca justicia, sino también un reconocimiento oficial de la violación del derecho internacional por parte del gobierno de Daniel Noboa. Celorio Alcántara destaca que México está buscando no sólo una sanción que refleje la magnitud del daño sufrido, sino también medidas que garanticen la protección y seguridad futura de su embajada y personal diplomático.
Entre los objetivos inmediatos de México está asegurar un compromiso por parte de Ecuador de no volver a ingresar a la embajada, así como salvaguardar los bienes y archivos que allí se encuentran. Esta acción no solo es un asunto de principio, sino también una necesidad para restaurar la confianza en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
La esperanza de México reside en que la CIJ confirme la violación del derecho internacional por parte de Ecuador, lo que podría resultar en la suspensión del país sudamericano de las Naciones Unidas hasta que ofrezca una disculpa pública y garantice el respeto a la inviolabilidad de las embajadas. Celorio reconoce que no existen precedentes exactos para esta situación, pero confía en que la CIJ considere los argumentos de México con la seriedad que merecen.
En cuanto a la situación actual de la embajada mexicana en Ecuador, Celorio Alcántara informa que se encuentra vacía, y que se está evaluando la posibilidad de que un tercer país asuma la responsabilidad de velar por los intereses mexicanos en Quito. Esta medida no solo busca proteger los activos diplomáticos, sino también garantizar que México pueda continuar con sus funciones diplomáticas en la región.
Una pregunta que aún está en el aire es el destino del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien recibió asilo en la embajada mexicana el mismo día del incidente. México aún no ha solicitado formalmente su entrega, pero Celorio deja claro que esta opción sigue sobre la mesa, pendiente de las negociaciones diplomáticas futuras.
Para respaldar la legitimidad de su causa, Celorio Alcántara señala el precedente histórico del caso entre Estados Unidos e Irán en 1979, donde la CIJ dictaminó que la inviolabilidad de una embajada es absoluta. Este caso, aunque distinto en circunstancias, establece un sólido antecedente jurisprudencial que respalda la posición de México en su búsqueda de justicia internacional.
