Apenas el 20% de los 125 municipios del Estado de México cuentan con las condiciones necesarias para implementar la Ley de Justicia Cívica. Esta normativa busca promover el uso de métodos alternativos como la mediación y el trabajo comunitario, con el arresto como última opción en caso de sanciones.
Myrna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), reconoció el rezago en la adopción de la ley. La CODHEM ha realizado un diagnóstico para identificar irregularidades que podrían vulnerar derechos humanos o constituir delitos o faltas administrativas. Este diagnóstico ha sido entregado a la Secretaría General de Gobierno estatal.
La CODHEM llevará a cabo visitas de supervisión a los espacios de aseguramiento temporal en los municipios para revisar recursos humanos, infraestructura y procedimientos normativos. También se aplicarán cuestionarios a jueces calificadores, secretarios de Ayuntamientos, policías y usuarios para identificar detenciones arbitrarias y otras irregularidades.
García Morón destacó que la ley busca fomentar la convivencia comunitaria y el respeto a la dignidad de las personas, reduciendo la criminalización de infractores administrativos. Cada Juzgado Cívico debe contar con al menos seis servidores públicos, incluyendo un juez cívico, un secretario, un facilitador, un psicólogo, un médico y policías de custodia. Actualmente, municipios como Tecámac, Chapultepec, San Mateo Atenco, y Toluca, entre otros, son los que cumplen con los requisitos establecidos.
