La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya recibió la primera denuncia por el delito de violencia vicaria, pero el Código Penal todavía no registra un castigo formal para esta conducta, la cual espera penas de cuatro a ocho años de prisión y un aumento de una tercera parte cuando haya agravantes.
La diputada, Viridiana Fuentes Cruz, señaló que esto no ha sido impedimento para que llegue a la Fiscalía el primero de muchos casos que ocurren en el Estado de México, lo cual muestra la urgencia de castigar estas conductas con cárcel para inhibir su práctica.
Actualmente la legislación sólo reconoce y prohíbe la violencia vicaria en el Estado de México, igual que lo hacen los estados de Zacatecas, Hidalgo y Yucatán, pero falta concluir la actualización de los códigos Civil y Penal para que esté completa la norma y se pueda castigar con todo el peso de la ley a las personas responsables de esta conducta.
En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya se reconoce este tipo de violencia, desde hace un par de meses, pero el Congreso tiene pendiente de dictaminar dos iniciativas de ley de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD para incluirlas como delito en el Código Penal, con penas de cuatro a ocho años de prisión.
Recordó que la violencia vicaria ocurre cuando el acto u omisión que genera daño físico, psicológico, emocional, patrimonial o de cualquier otra índole a un descendiente, ascendiente o dependiente económico de la víctima.
Esta conducta, es cometida por parte de quién mantenga o mantuvo una relación afectiva o sentimental y cuyo objeto sea el causar un menoscabo emocional, psicológico, patrimonial o de otra índole hacia la víctima.
Se puede expresar a través de conductas como son las amenazas verbales, el aleccionamiento, la sustracción de sus hijas e hijos, la imputación de hechos delictuosos falsos en dónde se demuestre la dilación procesal injustificada o cualquier otra que sea utilizada para dañar a la mujer.
Como la violencia vicaría quedó reconocida dentro del catálogo de modalidades de violencia, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, un abogado que representa a una integrante del grupo promotor de esta iniciativa, la organización “Cam-Cai”, ya presentó una denuncia en la Fiscalía que se deberá definir en los próximos días.
La legisladora recordó que además de atender las iniciativas en el Congreso local hace falta que el Poder Ejecutivo atienta otros pendientes de la Ley de Acceso, para establecer las políticas y acciones gubernamentales para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar, conforme a los principios de igualdad y de no discriminación que garanticen su desarrollo integral.
