Carlos García Álvarez, vicepresidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (Amotac), informó que persiste el cobro de piso a transportistas que laboran o tienen que cruzar por la zona sur de la entidad, lo mismo con los productores que trasladan sus cosechas en sus unidades.
“Los agricultores, aguacateros y productores de jitomate son los más afectados por tratarse, en algunos casos de productos de exportación. Hace falta atención en la zona porque los delincuentes los tienen aterrorizados, si a veces la misma autoridad tiene temor de actuar, imagínense a los ciudadanos”.
Si bien no es una tarea solo de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, cuando han interpuesto las denuncias correspondientes, la corrupción en las Agencias del Ministerio Público es preocupante.
“Ha habido detenciones pero más tardan en entrar que en salir, estamos dispuestos a coadyuvar”.
Durante la reunión del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM) con el Fiscal General de Justicia, refirió que las extorsiones se han extendido hasta la zona oriente con las unidades del transporte público, donde las organizaciones ya no saben quién es quien.
“Tenemos que poner una calcomanía para que sepan que estamos con ellos, de no ser así nos queman las unidades, golpean o balacean a los operadores, son grupos que se están saliendo de control y si denunciamos nos sale contraproducente”.
La calcomanía tiene un costo de entre 500 y 1,000 pesos semanales y con ella reciben ‘protección’ o no les hacen nada.
También, hay zonas en particular donde lo grupos delincuenciales operan sus propias unidades y prestan el servicio, es decir, desplazan al transporte público legal y no les permiten laborar.
García Álvarez también refirió que el robo al transporte de carga ha incrementado y los delincuentes una vez que comenten el ilícitos se van a Puebla, Tlaxcala o Michoacán, donde la policía está involucrada.
Aunque el camión está asegurado la prioridad es la carga, pero muchas veces no aparece el tracto camión ni el remolque.
Si bien han señalado algunos lugares o ‘mercados negros’ donde se venden las autopartes siguen operando como si nada y hacen pensar que alguien los está protegiendo.
Enfatizó que tras el robo es un viacrucis recuperar el vehículo o la unidad cuando se localiza, pues en el Ministerio Público no hay peritos, no hay gente de turno y los integrantes de la fiscalía se echan la bolita, por lo que pidió que la devolución de haga en máximo 24 horas cumpliendo los debidos procedimientos.
“Hemos tenido una sinergia con la anterior administración que nos funcionaba mucho por ser transporte de carga la devolución era pronta porque de esa unidad dependen varias familias, pero el plazo puede ampliarse hasta 20 días y el operador se queda sin trabajo”.
El vicepresidente de Amotac sostuvo que persiste la colusión entre algunos ministerios y una empresa de grúas, aunque en agosto se emitió la Norma Técnica se sigue condicionando el servicio y los cobros rebasan los 100,000 pesos.
